Brigada Internacional de la paz (2011).

Brigada Internacional de la paz (PIB). 2011. Tierra minada: la defensa de los derechos de las comunidades y el medio ambiente en México. Boletín Informativo del Proyecto México número 2. 16 pp.

En este boletín se muestra un panorama general del conflicto que genera las actividades de las minerías con las sociedades indígenas en México. También nos menciona que para que las empresas extranjeras puedan hacer exploraciones y explotaciones de los minerales, deben contar con las concesiones establecidas por el artículo 27 de la Constitución Mexicana.  

En varios estados del país, como en el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí,  San José del Progreso y Sierra Sur en Oaxaca, Guerrero y en D.F., se ha reportado que cuando el gobierno otorga concesiones a empresas extranjeras, omite su obligación de informar y consultar a las comunidades o propietarios de las tierras, y esta falta de comunicación es lo que genera los conflictos de la sociedad contra las minerías. Debido a que las empresas, al hacer las exploraciones destruyen vasta áreas de vegetación acabando así con la biodiversidad. Y sobre todo, este tipo de actividades generadas por la minería, ocasiona que el suelo se vuelva infértil para la agricultura. Ocasionando que los indígenas no puedan aprovechar el suelo para sus cultivos. Asimismo, ocasionan que cuerpos de agua desaparezcan o sean contaminados por los lixiviados que no son manejados adecuadamente.

Esto ha obligado a las comunidades acudir a organizaciones como Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), Secretaria de Asuntos Indígenas (SAI), Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), con la finalidad de ser escuchados y orientados con respecto a la problemática. Las organizaciones apoyan a las comunidades exigir su derecho ante el gobierno. Por otra parte, algunas comunidades han creado sus propias asociaciones como la Asamblea Permanente de Ejidatarios y Trabajadores de Carrizalillo (APETC) en Guerrero, para informar a la comunidad y hacer llegar cartas oficiales a las oficinas del gobierno y Semarnat para que realicen una adecuada vigilancia en los sitios de exploración de minerales por las minerías. Sin embargo, la respuesta que han recibido, es que los gobiernos estatales nunca saben nada del asunto. Algunas  comunidades  han logrado exigir el pago por parte de las minerías extranjeras para cubrir los daños generados. Otras, han reportado que algunas empresas no cuentan con los permisos adecuados para hacer exploraciones. Los conflicto sociedad-minero ha conllevado a que las mismas empresas amenazan a las familias de los indígenas e incluso al de las mismas organizaciones. Un ejemplo, es en Santa María Zaniza, donde tuvieron lugar trabajos exploratorios en los años 1998-1999, donde la asamblea rechazó la explotación minera después de observar los daños en el medio ambiente y en la salud que causaba el proyecto, así como pésimas condiciones laborales de los trabajadores contratados de la comunidad. Donde la empresa los amenazó con recurrir al Ejército mexicano para obligar a la comunidad a aceptar la mina.

La Brigada Internacional de la paz (PBI) es una ONG internacional que fomenta la no violencia y protege los derechos humanos desde 1981. Cuya finalidad es proteger los derechos humanos que están violentamente amenazados. Este artículo aporta información de los conflictos  de minerías con la sociedades, información utilizada en el proyecto de investigación. 



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