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2014/02/28

FUNDAR (2002).


FUNDAR. 2002. Minería, comunidades y medio ambiente Investigaciones sobre el impacto de la inversión canadiense en México. Centro de Análisis e Investigación. México. Págs. 3-5 y 26-34.

La minería y el desarrollo
La minería como un paradigma económico propone ser una actividad llena de beneficios potenciales para las comunidades, tales como la creación de empleos, la posibilidad de obtener ingresos monetarios y la creación de infraestructura. Por lo que se concibe como un mecanismo efectivo para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Con esto se justifica el apoyo a las minerías a través de financiamientos y garantías aportados por organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional. Estos organismos son fundamentales en los procesos de ajuste estructural de la economía, condicionando créditos a cambio de reformas legislativas, ajustes presupuestales y simplificación de trámites administrativos. Los países desarrollados han creado Agencias de Crédito a la Exportación (ACEs o ECAs) para apoyar las corporaciones de la nación  y promover su interés nacional. Como el Overseas Private Investment Corporation (OPIC) en Estados Unidos y la Export Development Canada (EDC) en Canadá, las cuales tienen fuerte financiamiento con las minerías.
Todos los organismos desarrollados para el apoyo minero, han sido fuertemente criticados, debido que no consideran el desarrollo y la existencia misma de las poblaciones a las que pretenden “desarrollar” como su salud, medio ambiente e identidad cultural. Así como las violaciones a derechos humanos, regímenes autoritarios, escándalos de corrupción y desastres ambientales.
La minería en Oaxaca
El estado cuenta con yacimientos de oro, plata, cobre, plomo, zinc, rutilo, antimonio metálico y fierro. Minerales no metálicos como ónix, diamantes, sal y cemento. Incluso se ha mencionado la presencia de uranio, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades gubernamentales. El gobierno del estado ha estado promoviendo la actividad minera para la atracción de inversionistas extranjeros para la realización de proyectos de exploración. Las minerías registradas en el Plan Estatal de Desarrollo (1998-2001) son: Grupo Acero del Norte (GAN, México), Minera Kennecott (E. U.), M. I. M. (Australia) y Minera Teck (Canadá). Entre los proyectos estratégicos mencionados situados en Oaxaca están localizados en  Zaniza (Sierra Sur), Lachatao e Ixtepeji (Sierra Norte) y Candelaria (Costa).
En Oaxaca hay escasa información respecto a los proyectos mineros. En 2001 hubo un reporte de saqueo de uranio en Loxicha por la empresa Kennecot Corporation. Mineral que solo puede ser explotado por el estado. Sin embargo, la empresa canadiense negó rotundamente este hecho. En el 2002, se reportó masacre de campesinos en Agua Fría y la ambición de empresas tanto nacionales como extranjeras referente a explotaciones mineras y forestales en Sierra Sur.
Oaxaca forma parte del Plan Puebla Panamá (PPP), el cual es una iniciativa de desarrollo regional impulsada por el gobierno. El cual tiene la finalidad de integrar el desarrollo de la población con los flujos de capital, mercancías y servicios del mercado global.  Sin embargo, promueve más la inversión que el desarrollo. Los cuales pueden estar en conflicto inherente con el entorno natural y social en el que se desarrollan. Lo que ha recibido quejas cuestionando sus fundamentos, procesos y legitimidad.
FUNDAR es un Centro de Análisis e Investigación, se creó en enero de 1999 con el objetivo de desarrollar mecanismos para la participación ciudadana, identificar modelos de acción que hayan tenido éxito en otros países y experimentar con nuevos modelos que puedan contribuir a resolver problemas sociales específicos. Este artículo fue utilizado para sacar información sobre actividades mineras referentes al estado de Oaxaca.



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Brigada Internacional de la paz (2011).

Brigada Internacional de la paz (PIB). 2011. Tierra minada: la defensa de los derechos de las comunidades y el medio ambiente en México. Boletín Informativo del Proyecto México número 2. 16 pp.


En este boletín se muestra un panorama general del conflicto que genera las actividades de las minerías con las sociedades indígenas en México. También nos menciona que para que las empresas extranjeras puedan hacer exploraciones y explotaciones de los minerales, deben contar con las concesiones establecidas por el artículo 27 de la Constitución Mexicana.  
En varios estados del país, como en el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí,  San José del Progreso y Sierra Sur en Oaxaca, Guerrero y en D.F., se ha reportado que cuando el gobierno otorga concesiones a empresas extranjeras, omite su obligación de informar y consultar a las comunidades o propietarios de las tierras, y esta falta de comunicación es lo que genera los conflictos de la sociedad contra las minerías. Debido a que las empresas, al hacer las exploraciones destruyen vasta áreas de vegetación acabando así con la biodiversidad. Y sobre todo, este tipo de actividades generadas por la minería, ocasiona que el suelo se vuelva infértil para la agricultura. Ocasionando que los indígenas no puedan aprovechar el suelo para sus cultivos. Asimismo, ocasionan que cuerpos de agua desaparezcan o sean contaminados por los lixiviados que no son manejados adecuadamente.

Esto ha obligado a las comunidades acudir a organizaciones como Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), Secretaria de Asuntos Indígenas (SAI), Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), con la finalidad de ser escuchados y orientados con respecto a la problemática. Las organizaciones apoyan a las comunidades exigir su derecho ante el gobierno. Por otra parte, algunas comunidades han creado sus propias asociaciones como la Asamblea Permanente de Ejidatarios y Trabajadores de Carrizalillo (APETC) en Guerrero, para informar a la comunidad y hacer llegar cartas oficiales a las oficinas del gobierno y Semarnat para que realicen una adecuada vigilancia en los sitios de exploración de minerales por las minerías. Sin embargo, la respuesta que han recibido, es que los gobiernos estatales nunca saben nada del asunto. Algunas  comunidades  han logrado exigir el pago por parte de las minerías extranjeras para cubrir los daños generados. Otras, han reportado que algunas empresas no cuentan con los permisos adecuados para hacer exploraciones. Los conflicto sociedad-minero ha conllevado a que las mismas empresas amenazan a las familias de los indígenas e incluso al de las mismas organizaciones. Un ejemplo, es en Santa María Zaniza, donde tuvieron lugar trabajos exploratorios en los años 1998-1999, donde la asamblea rechazó la explotación minera después de observar los daños en el medio ambiente y en la salud que causaba el proyecto, así como pésimas condiciones laborales de los trabajadores contratados de la comunidad. Donde la empresa los amenazó con recurrir al Ejército mexicano para obligar a la comunidad a aceptar la mina.

La Brigada Internacional de la paz (PBI) es una ONG internacional que fomenta la no violencia y protege los derechos humanos desde 1981. Cuya finalidad es proteger los derechos humanos que están violentamente amenazados. Este artículo aporta información de los conflictos  de minerías con la sociedades, información utilizada en el proyecto de investigación. 



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