Cárcar, A. I. (2013).
Las reformas agrarias en México y los proyectos de desarrollo rural en un
municipio del Estado de Veracruz. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales
y Jurídicas, 38 (2),
En el siglo XIX
iniciaron los movimientos armados de la Revolución mexicana, que terminaron con
una estructura de dominación entre los años 1910 y 1917. Además, logró
aglutinar un mosaico de grupos regionales, culturales, étnicos, inmigrados, y
de clases emergentes. La reforma agraria se divide en dos periodos: la primero
de 1912 a 1934; y el segundo dentro de la presidencia de Cárdenas, de 1934 a
1940. Antes de Cárdenas, el reparto agrario tenía como único objetivo evitar
revueltas. Pero en el periodo de Cárdenas se termina con la oligarquía terrateniente
para terminar con el control de precios que ellos establecían; y porque el
modelo económico requería de una fuerza de trabajo libre de peones, quienes eran
considerados un lastre para el capitalismo, formándose el ejido.
Para la realización
de este análisis, se repasó la trayectoria histórica de la tenencia de la tierra
desde la Revolución Mexicana. El proyecto se analizó desde una perspectiva
cualitativa, mediante los datos obtenidos de la SAGARPA, y cotejado con el
trabajo de campo que se realizó durante 10 meses entre los años 2010 y 2011.
Además se nota un enfoque de stakeholder, ya que fueron las partes interesadas
quienes modificaron esta relación ejido-campo, siendo los campesinos quienes
perdieron más en este intercambio.
La importancia de
este artículo radica en relacionar al Tratado de Libre Comercio (TLC), y el
Banco Mundial, como parte de los organismo externos que fomentaron el diseño de
políticas neoliberales para aumentar la competitividad, alentar la
privatización, y promover el individualismo como los mecanismos ideales para
disminuir la desigualdad en el sector rural; ya que en base a sus sugerencias,
se elabora en 1992 una nueva ley agraria, creando los Tribunales Agrarios y la
Procuraduría Agraria, para que a través del PROCEDE (Programa de Certificación
de Derechos Agrarios y Titulación de Solares Urbanos) iniciado en 1993, se otorgue
garantía jurídica a los ejidatario. El objetivo no fue modernizar la
legislación, sino adecuarla a los propósitos del gobierno.
Se puede decir que
con la aplicación del PROCEDE se consiguieron los fines de la Revolución; la
tierra es de quien la trabaja, sean ejidatarios, posesionarios o avecindados.
No obstante no se ofrecieron soluciones, ni alternativas para optimizar el
aprovechamiento de los recursos. Los ingresos procedentes del sector
agropecuario, que en el pasado eran importantes, se han convertido en
complementarios, constituyendo el trabajo asalariado la principal fuente de
ingresos familiares, junto con la producción artesanal, y las actividades
comerciales y de servicio.
La propuesta del
artículo se ve que parte del perfil de quien lo elaboró, que en este caso es de
antropología social y cultural. Usa indicadores estadísticos para fundamentar
sus datos, por tanto, aunque no se ve que el artículo haya sido arbitrado, se
ve que toma un enfoque neutral al hacer la crítica y análisis sobre el proceso
de desigualdad, la perpetuación de la relaciones de dominación-subordinación, el
nulo asesoramiento de las instancias de gobierno, la desigual distribución de
subsidios, entre otros, que son los principales problemas que los campesinos
deben sortear para sobrevivir en la actividad agrícola.
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